El acceso a la Justicia es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la sociedad en la que vivimos parece impensable que este sistema nos de la espalda, no obstante, las personas mayores a menudo enfrentan barreras y desafíos significativos para acceder a ella y muchos de los motivos se explican en el edadismo que, recordemos, es la discriminación por edad.Es la propia Fiscalía General de Estado (FGE) quien afirmó tal hecho. Lo hizo en su memoria correspondiente al año 2022 alegando que “las personas con discapacidad o mayores tienen muchas dificultades” para acceder a la justicia española.

La era digital y la falta de accesibilidad

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en nuestro país, hace dos años, entorno al 20% de la población era sénior. Con estas cifras sobre la mesa, la administración en su conjunto emprendió un proceso de digitalización sin tener en cuenta la situación de exclusión que se estaba produciendo ya que no todo el mundo tenía que saber manejarse dentro de la era digital.

Hemos visto como los trámites bancarios, que se realizaban en ventanilla, se han ido reduciendo y dejando el testigo a los cajeros automáticos o a las aplicaciones bancarias, confiando que los clientes podían realizar cualquier gestión; o como para pedir cita médica lo normal, ahora, es hacerlo a través del teléfono e incluso saltándose la parte de acudir presencial a la consulta, ya que con una llamada parece solucionarse el problema. Era, prácticamente, adaptarse o morir. ¿Qué pasaba con todas aquellas personas que no sabían, o que no querían, sumarse a la ola tecnología?

Es importante señalar que gran parte de esta digitalización se produjo tras el estallido de la pandemia por la COVID-19. Muchas entidades, tanto públicas como privadas, la usaron como empujón sin pensar en los colectivos que se podían ver vulnerados.

La Justicia española antes de la pandemia

Antes del año 2020, este sector ya tenía numerosos retos sobre la mesa que vinculaban directamente a las personas mayores.

Por ejemplo, muchos tribunales y oficinas legales no estaban adaptadas a personas con problemas de movilidad e incluso presentaban carencias tecnológicas que, de haberlas, ayudarían a los ciudadanos a poder realizar cualquier trámite. Esto provocaba que no tuvieran acceso a procedimientos legales y que la comunicación con abogados y jueces fuera totalmente deficiente.

Otra de las demandas del colectivo sénior era adaptar los precios que abrir un procedimiento judicial supone ya que, afirmaban, la representación legal podía resultar muy costosa.

La tercera barrera que debía ser destruida guardaba relación con los estereotipos y los prejuicios. Este tema se ha tratado en multitud de ocasiones en Canal Sénior y es que, por desgracia, hemos podido comprobar como llegados a determinada edad la sociedad cambia su trato hacia nosotros y empieza a vernos como seres inferiores y con limitaciones. Si llevamos este problema al mundo de la Justicia nos topamos con situaciones donde las faltas de respeto y la vulneración de derechos y necesidades eran las principales protagonistas.

La Justicia después de la pandemia

La vida se paró en marzo del 2020. Todo lo que teníamos parece que dejó de existir y solo podíamos centrarnos en combatir la COVID-19. La Justicia abandonó sus objetivos y estableció unos nuevos pensando que de esta manera daba soluciones al conjunto de la sociedad. No obstante, no fue así. Vamos a analizar algunas adaptaciones que se produjeron y que afectan directamente al colectivo de las personas sénior:

• Digitalización de procedimientos legales: tal y como hemos comentado anteriormente, se permitieron realizar videoconferencias o presentaciones de documentos a través de Internet. La medida tiene su cara y su cruz ya que permitía a la gente mayor no acudir presencialmente a las oficinas y evitar así el contacto con otras personas, pero, a la vez, les obligaba a saber manejarse en el mundo de las tecnologías. ¿Existía el acceso a la justicia?
• Facilitación de servicios sociales remotos: se ampliaron servicios de asesoramiento legal por teléfono o videoconferencia. Los contras son similares a los expuestos en el punto anterior, aunque con un añadido más y es que se producen muchas situaciones de falta de información o comprensión.

Además, las denuncias durante los meses de confinamiento de mayores haciendo referencia a situaciones de violencia, malos tratos y abuso se dispararon. Siendo respondidas con los medios que un sistema precario tenia.

Naciones Unidas denuncia la falta de acceso a la Justicia

Estas afirmaciones no solo las contempla la Fiscalía General del Estado. Naciones Unidas también sacó un estudio afirmando que se está dejando atrás a las personas mayores, explicando que hay una evidente falta de inclusión y participación de este grupo de la población en la vida social y política y que en numerosas ocasiones no se les abre la puerta a la justicia.

Naciones Unidas también expone otra realidad que se vivió: en el año 2020 eran muchas las personas seniors que vivían solas y que no tuvieron la oportunidad de plantear quejas o denuncias porque sus canales de comunicación con los organismos de justicia quedaron interrumpidos.

Hoy en día, es una carencia que aún sigue muy presente. Ya han pasado cuatro años y diversos procedimientos en cuanto a la gestión de residencias de mayores, o a la adopción de protocolos tras la COVID-19, siguen abiertos y nadie sabe si en algún momento se cerrarán dando respuestas efectivas a la población sénior.

En resumidas cuentas, la digitalización y el edadismo provocaron que el colectivo de personas mayores viera como su derecho al acceso a la justicia se viera relegado a un segundo plano.

Desde esta casa, Canal Sénior, luchamos activamente por derribar todas las barreras que la gente mayor pueda tener. Por ello, hemos lanzado numerosos contenidos vinculados con el edadismo. Si quieres aprender más sobre el tema, visita nuestro podcast “Edadismo en el ámbito laboral” o la clase “Edadismo y derechos humanos“

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